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Ley Antifraude Todo lo que debes saber
Cumple con la nueva normativa y evita sanciones. Adapta tu software de facturación antes de que sea obligatorio.

¿Qué es?
¿Qué es la Ley Antifraude?
La Ley Antifraude (Ley 11/2021) es una normativa impulsada por el Gobierno español que tiene como finalidad principal reforzar el control tributario digital, luchar contra el fraude y garantizar la transparencia en las operaciones empresariales. Esta ley afecta directamente a los programas de facturación, contabilidad y gestión, imponiendo obligaciones de facturación electrónica que aseguren la inalterabilidad, trazabilidad y conservación de los datos.
Entre otras medidas, se prohíbe el uso de software de doble uso (aquellos que permiten llevar una contabilidad «B») y se exige el uso de programas informáticos certificados por la AEAT, que incluyan códigos QR, sistemas hash y registros de eventos conforme al reglamento técnico de la Ley 11/2021.
¿Te Afecta?
¿A quién afecta la Ley Antifraude?
Esta legislación se aplica a todas las empresas, autónomos, asesorías y despachos profesionales que utilicen programas para emitir facturas o llevar la contabilidad. Su aplicación es generalizada dentro del tejido empresarial español, salvo para los contribuyentes adscritos al Suministro Inmediato de Información (SII).
En otras palabras, si gestionas tus finanzas con un sistema digital, debes asegurarte de que tu solución cumple con los requisitos legales de software de facturación y se ajusta a la infraestructura tecnológica antifraude que establece el reglamento.


¿A qué?
¿En qué te afecta la Ley Antifraude?
La Ley Antifraude introduce cambios sustanciales en la manera de emitir facturas y registrar la información contable. A partir de su entrada en vigor, solo podrás utilizar software certificado, que cumpla con las siguientes obligaciones de facturación electrónica:
- Inclusión de códigos QR en todas las facturas.
- Cifrado mediante hash para garantizar la integridad de los registros.
- Sistema de control de eventos que registre todas las acciones del usuario.
- Posibilidad de enviar automáticamente los registros a Hacienda mediante Verifactu.
El cumplimiento de estas exigencias es responsabilidad directa del usuario o empresa, que deberá verificar que su proveedor sigue lo estipulado en el reglamento técnico de la Ley 11/2021.
Fechas
¿Cuándo entra en vigor la Ley?
La Ley Antifraude fue publicada el 10 de julio de 2021 y su modificación sobre software antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021. El reglamento técnico que desarrolla estas obligaciones se publicó en el BOE en diciembre de 2023, aunque aún está pendiente la aprobación definitiva de la Orden Ministerial.

Productores de software
Tendrán 9 meses desde la publicación de la Orden Ministerial para adaptar sus soluciones.

Empresas (S.A. y S.L.)
Deberán usar software certificado por la AEAT a partir del 1 de enero de 2026.

Autónomos y sociedades civiles
Deberán adaptarse antes del 1 de julio de 2026.

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Sanciones
¿Cuáles son sus sanciones por incumplimiento?
El uso de software no certificado o que no cumpla los requisitos técnicos establecidos se sancionará con multas de hasta 150.000 euros para los desarrolladores y hasta 50.000 euros por ejercicio para las empresas usuarias.
Estas sanciones no son acumulativas por empresa, sino por ejercicio fiscal, y forman parte de una estrategia más agresiva de control tributario digital por parte de la Agencia Tributaria. Cuanto más tiempo se incumpla, mayor será la penalización.


Verifactu
¿Qué es el Verifactu?
Verifactu es un sistema voluntario diseñado por la Agencia Tributaria para permitir la remisión automática de facturas electrónicas. Los usuarios que se adhieran a esta herramienta podrán enviar en tiempo real sus registros de facturación, evitando así la firma individual de cada documento.
Además, al usar Verifactu, se simplifica el acceso de Hacienda a los datos, facilitando el cumplimiento del marco normativo antifraude sin necesidad de validaciones adicionales.
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Beneficios
Ventajas de la Ley Antifraude
La Ley Antifraude no solo busca mejorar el control fiscal por parte de la Agencia Tributaria, sino que también aporta beneficios significativos a nivel general, empresarial y para los consumidores. A continuación, te explicamos en detalle sus principales ventajas.
Entre las ventajas más destacadas de la Ley Antifraude a nivel general está el refuerzo de la lucha contra la evasión fiscal. Medidas como la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros o la eliminación de las amnistías fiscales contribuyen directamente a la transparencia del sistema tributario. Estas acciones fomentan una mayor equidad fiscal, ya que garantizan que todos los ciudadanos y empresas contribuyan en condiciones similares, reforzando así la confianza de la sociedad en las instituciones.
Para las pymes, autónomos y grandes empresas, la Ley Antifraude supone un impulso hacia la digitalización contable y la modernización de sus procesos. La obligación de utilizar un software de facturación adaptado al control tributario digital elimina el uso de herramientas manipulables como Excel o Word y garantiza el cumplimiento normativo. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que reduce el riesgo de inspecciones y sanciones al asegurar que todas las operaciones estén debidamente registradas. Además, facilita la trazabilidad de los datos y aporta mayor transparencia en la gestión diaria.
Los consumidores también se benefician de esta normativa. Gracias a los sistemas de facturación verificables como Verifactu, se incrementa la seguridad en las transacciones y la autenticidad de las facturas emitidas. La eliminación del software de doble uso mejora la fiabilidad de los negocios y refuerza la confianza del cliente final en sus proveedores. En resumen, la Ley Antifraude aporta un entorno más justo, seguro y transparente para todos los agentes del mercado.
¿Cómo cumplirla?
¿Cómo cumplir con los requisitos de la Ley Antifraude?
Para cumplir con la Ley Antifraude, las empresas, autónomos y despachos profesionales deberán actualizar tanto sus herramientas como sus procedimientos internos. Ya no será válido facturar con hojas de cálculo ni con programas que permitan modificar o eliminar registros sin dejar rastro. Solo será legal usar un software de facturación certificado por la AEAT que garantice la integridad, trazabilidad y conservación de cada documento.
Esto implica, por ejemplo, que no se podrán rehacer facturas a voluntad, sino que cualquier modificación deberá quedar registrada mediante mecanismos como el hash y el código QR obligatorio. También será necesario mantener todos los registros informáticos accesibles y legibles durante los plazos establecidos por la normativa.
Además, será importante que todo el equipo implicado en la facturación esté correctamente formado para evitar errores, y que la relación con los asesores fiscales evolucione hacia una gestión más anticipada y planificada. No habrá margen para ajustes de última hora ni contabilidades en paralelo.
Por otro lado, cada negocio deberá decidir si se adhiere o no al sistema Verifactu, lo cual influirá en cómo se generan y se transmiten los registros a la Agencia Tributaria.
En definitiva, contar con un programa certificado bajo el reglamento técnico de la Ley 11/2021 es esencial para cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, evitar sanciones y mantener una gestión transparente y segura.
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FAQ?
Preguntas frecuentes sobre la Ley Antifraude
¿Cuáles son las nuevas obligaciones que conlleva la Ley Antifraude?
La Ley Antifraude obliga a autónomos, pymes y empresas a utilizar un software de facturación y contabilidad adaptado a unos requisitos técnicos concretos que garanticen la integridad, trazabilidad, inalterabilidad y conservación de los datos. Entre las nuevas exigencias se incluyen la incorporación de un código QR en las facturas, el uso de sistemas de verificación como Verifactu y la imposibilidad de alterar registros sin dejar huella.
Además, los programas utilizados deben estar certificados por la Agencia Tributaria y no permitir funcionalidades de doble uso. Todas las modificaciones deben realizarse siguiendo procedimientos reglamentarios que aseguren la transparencia fiscal.
¿Está ya en vigor la Ley Antifraude?
Sí, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal está en vigor desde el 11 de octubre de 2021. No obstante, el reglamento técnico que concreta los requisitos del software fue publicado en diciembre de 2023 y su entrada en vigor será progresiva.
Actualmente, el plazo para que los fabricantes adapten sus programas comienza a contar desde la publicación de la Orden Ministerial que desarrolle el reglamento. Hasta entonces, los obligados pueden prepararse para cumplir con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son las fechas de entrada en vigor de la Ley Antifraude?
Las fechas clave son las siguientes:
11 de octubre de 2021: entrada en vigor de la Ley 11/2021.Diciembre de 2023: publicación del reglamento técnico.
9 meses después de la Orden Ministerial: fabricantes de software deberán tener sus programas adaptados.
1 de enero de 2026: uso obligatorio de software certificado para sociedades anónimas y limitadas.
1 de julio de 2026: uso obligatorio para autónomos y sociedades civiles.
¿Qué es el software de doble uso?
Se trata de programas informáticos que permiten llevar una contabilidad paralela, ocultar ingresos o modificar registros sin dejar rastro. La Ley Antifraude prohíbe expresamente su tenencia, comercialización y uso.
El objetivo es erradicar las herramientas que facilitan la evasión fiscal y garantizar que todos los movimientos contables y de facturación sean trazables, seguros y transparentes.
¿Cómo afecta la Ley Antifraude al software de gestión?
Todos los programas de gestión empresarial que incluyan módulos de facturación, contabilidad o emisión de documentos fiscales deberán adaptarse. El software no solo debe generar facturas, sino hacerlo de forma legal, cumpliendo con los estándares definidos: trazabilidad, firma digital, control de modificaciones y formatos no editables.
Esto significa que muchas soluciones tradicionales deberán actualizarse o sustituirse por otras certificadas y compatibles con Verifactu o equivalentes.
¿Cómo puedo saber si mi software está adaptado a la Ley Antifraude?
Para verificar si tu software está adaptado, debes confirmar que cumple con todos los requisitos técnicos del reglamento: generación de hash por registro, integración de QR, inalterabilidad de datos, firma electrónica, trazabilidad y conservación segura. Además, debe incluir una declaración responsable del fabricante.
Una vez publicada la Orden Ministerial definitiva, los fabricantes deberán obtener la certificación oficial de la Agencia Tributaria, lo que te permitirá tener garantía legal como usuario.
¿Puedo seguir realizando las facturas con Excel, Word o a mano?
No. La Ley Antifraude prohíbe el uso de herramientas que no garanticen la integridad de los datos, como hojas de cálculo o documentos editables. Estas opciones no permiten evitar manipulaciones y, por tanto, no son válidas para cumplir con la normativa.
A partir de las fechas obligatorias de entrada en vigor, solo se podrán emitir facturas mediante software certificado que registre todos los eventos y no permita alteraciones no justificadas.
¿Cuál es la diferencia entre estar o no en Verifactu?
La principal diferencia es que, si eliges Verifactu, los registros de tus facturas se enviarán automáticamente a la Agencia Tributaria, lo que te permite simplificar parte del proceso y evitar ciertas validaciones adicionales.
Si decides no adherirte, deberás asegurarte de que tu software cumple todos los requisitos técnicos establecidos: generación de eventos, registros inalterables, firma electrónica, y que el control y acceso de la AEAT sea inmediato si así lo solicita.
¿Qué pasará cuando haya que modificar una factura?
Las facturas no se podrán eliminar ni sobrescribir sin dejar constancia. Cualquier modificación deberá seguir un proceso reglamentado: normalmente, emitiendo una factura rectificativa que quede registrada dentro del sistema con su respectivo control de eventos.
El software deberá dejar huella de todos los cambios realizados, lo que implica el fin de prácticas como “romper una factura” o rehacerla sin trazabilidad.